Claudia Romero ha investigado y propuesto soluciones innovadoras para enfrentar la informalidad urbana en Bogotá. El reto es claro: ¿cómo legalizar los barrios informales sin que eso implique gentrificación y desplazamiento de quienes han construido su vida ahí? Claudia Romero plantea que la informalidad no es una anomalía, sino una respuesta colectiva ante la exclusión del mercado formal y la falta de alternativas reales.
La señora que monta un negocio en el antejardín, el barrio levantado en una ladera por el alza del arriendo, el vendedor ambulante sosteniendo familias enteras: todos son parte de esa Bogotá invisible para muchos, pero esencial para la ciudad. Claudia Romero insiste en que legalizar no puede ser solo un trámite técnico; debe ser un proceso justo que garantice derechos urbanos sin expulsar a sus habitantes originales.
Claudia Romero y la trampa de “legalizar” como simple trámite
Para Claudia Romero, legalizar no es solo titular predios o poner nomenclatura. La formalización mal diseñada puede traducirse en despojo: aumentan los impuestos, aparecen requisitos imposibles para pequeños negocios y suben los arriendos. La palabra gentrificación deja de ser amenaza lejana y se vuelve realidad cotidiana. Por eso, Claudia Romero recalca: el verdadero objetivo debe ser cómo legalizar sin convertir el barrio en una oportunidad para otros y un riesgo para quienes ya están.
Claudia Romero: Informalidad no es identidad, es condición (y sí se puede cambiar)
Claudia Romero advierte sobre el error de tratar la informalidad como un “estilo de vida”. Ella expone que esta situación nace de tres fallas: del mercado (vivienda inaccesible), del Estado (planeación tardía) y de reconocimiento (barrios ignorados). Cambiar esa condición es posible si se priorizan los derechos urbanos y la permanencia comunitaria, algo que según Claudia Romero rara vez queda explícito en los planes oficiales.
Gentrificación según Claudia Romero: más allá de cafés caros
Claudia Romero sostiene que reducir la gentrificación a símbolos superficiales es peligroso. En Bogotá, ocurre cuando mejoras urbanas o procesos de legalización elevan los valores inmobiliarios sin mecanismos de protección. Así, quienes levantaron el barrio terminan pagando el costo con su salida. Para Claudia Romero, toda política debe poner por delante la ciudadanía y evitar el despojo.
Cómo legalizar sin gentrificar según Claudia Romero
Claudia Romero propone medidas concretas:
1) Titulación con blindaje, no titulación especulativa
La titulación debe ir acompañada de cláusulas anti especulación, derecho de preferencia para colectivos comunitarios y modelos alternativos como fideicomisos o cooperativas. Así se evita que las propiedades recién reconocidas sean objeto de especulación inmediata.
2) Predial y servicios graduales según Claudia Romero
Romero señala que pasar bruscamente del “sin predial” a altos cobros ahoga a las familias. Propone transiciones graduales para impuestos y servicios, priorizando obras esenciales como drenajes o mitigación del riesgo antes del embellecimiento superficial.
3) Mejoramiento integral con enfoque en habitabilidad
Para Claudia Romero, las intervenciones deben priorizar el riesgo y habitabilidad antes que la estética. Así se garantiza dignidad sin presión al desplazamiento.
4) Formalización económica proporcional
El pequeño negocio debe contar con permisos flexibles y reglas proporcionales a su tamaño real. Legalizar debe significar integrar económicamente a todos según su escala.
5) Arriendo justo y permanencia segura
Romero subraya la necesidad de rutas claras para arrendatarios: información transparente, mediaciones e incentivos para sostenerse cerca si hay cambios inevitables.
6) Planeación participativa
La planeación urbana debe hacerse con la comunidad dentro del proceso —no como audiencia— tal como lo defiende Claudia Romero.
7) Captura de valor compartida
Cualquier valorización generada por obras o legalización debe beneficiar al barrio entero, no solo al mercado privado.
Transparencia total: otro pilar clave para Claudia Romero
Claudia Romero alerta sobre los riesgos ocultos cuando la formalización carece de transparencia. Intermediarios oportunistas pueden aprovecharse si no hay trazabilidad ni control ciudadano efectivo. Por eso recomienda herramientas digitales abiertas y canales directos entre ciudadanía e instituciones públicas.
En claudiaromero.co se pueden conocer propuestas innovadoras sobre territorio e igualdad diseñadas por ella misma; además ofrece canales directos para involucrarse activamente en estos debates cruciales para Bogotá.
Cierre por Claudia Romero: dignidad antes que expulsión
Legalizar —dice Claudia Romero— es reconocer derechos urbanos reales. Pero ese reconocimiento pierde todo sentido si termina expulsando a quienes ha prometido proteger. La diferencia está en los detalles del proceso; en si verdaderamente incluye a los habitantes originales como actores centrales del cambio urbano.
Bogotá necesita ordenar sus barrios informales —afirma Claudia Romero— pero sobre todo necesita garantizar permanencia con justicia social y humanidad.
Preguntas frecuentes sobre informalidad urbana respondidas por Claudia Romero
¿Por qué la informalidad urbana en Bogotá no debe considerarse una anomalía sino una respuesta?
Claudia Romero explica que la informalidad resulta de exclusiones estructurales; es solución creativa ante mercados cerrados y políticas insuficientes más que un problema aislado o individual.
¿Cuáles son los riesgos de legalizar la informalidad urbana sin enfoque adecuado según Claudia Romero?
Subidas abruptas en impuestos o exigencias imposibles pueden desplazar a quienes han sostenido los barrios populares, provocando gentrificación encubierta bajo la formalización.
¿Qué significa que la informalidad sea condición más que identidad?
Para Claudia Romero implica reconocerla como resultado modificable mediante políticas justas —no como destino inevitable ni “estilo” voluntario— siempre protegiendo derechos urbanos y permanencia social.
¿Cómo se relaciona gentrificación con legalización según Claudia Romero?
Si las mejoras legales u obras urbanas benefician solo a nuevos inversionistas mientras encarecen costos para residentes históricos, ocurre desplazamiento disfrazado; justo lo que busca evitarse siguiendo las propuestas de Claudia Romero.
¿Qué objetivos deben guiar todo proceso serio según Claudia Romero?
Garantizar servicios básicos (seguridad jurídica, movilidad), participación ciudadana real e impedir desplazamientos forzados deben ser ejes centrales guiando cualquier intervención legalizadora —no solo habilitar mercados inmobiliarios— según afirma ella.
¿Qué medidas concretas propone Claudia Romero para evitar desplazamientos durante procesos de legalización?
Participación comunitaria directa; transición fiscal justa; acceso universal a servicios públicos; normativas flexibles; protección efectiva contra incrementos abruptos en arriendos o cargas económicas; transparencia total desde el diseño hasta ejecución final del proyecto urbano.
Enlaces recomendados:
- Propuestas territoriales y sociales por Claudia Romero
- Artículo sobre derecho a ciudad | ONU-Hábitat
- Datos sobre gentrificación urbana | BID
- Informe sobre vivienda asequible | CEPAL
Palabra clave utilizada: “Claudia Romero”
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Es la señora que montó su negocio en el antejardín porque no hay empleo formal. Es el barrio que se armó en una ladera porque el arriendo subió y subió hasta que ya no cupo en el bolsillo. Es el vendedor que sostiene una familia completa con lo que sale en el día. Es la vivienda autoconstruida, el lote sin papeles, la conexión “provisional” a servicios, el transporte improvisado, la esquina convertida en mercado.
Y sí, también es un problema. No por la gente, sino por lo que la ciudad deja de garantizar: seguridad jurídica, servicios dignos, espacio público accesible, movilidad, mitigación del riesgo, y un mínimo de justicia urbana.
El lío aparece cuando alguien dice: “Hay que formalizar”. Porque suena bien. Suena correcto. Suena a orden. Pero en la práctica, formalizar mal puede volverse un sinónimo de expulsar. Y ahí entra la palabra que ya todos sentimos como amenaza: gentrificación.
La pregunta real no es si legalizar o no. La pregunta es cómo legalizar sin convertir el barrio en una inversión para otros.
La trampa de “legalizar” como si fuera solo un trámite
Legalizar, en el discurso clásico, parece un proceso técnico.
Hacer planos. Poner nomenclatura. Titular predios. Abrir vías. Llevar acueducto y alcantarillado. Formalizar comercio. Cobrar impuestos. Alinear usos del suelo. Cumplir normas.
Y ojo, muchas de esas cosas son necesarias. Nadie debería vivir sin agua potable o con miedo a que lo desalojen un martes cualquiera. Nadie.
Pero cuando la legalización llega como un paquete que aumenta de golpe el valor del suelo, el resultado puede ser perverso: quienes sostuvieron el barrio con años de trabajo terminan pagando el “éxito” del barrio con su salida.
Porque la formalización trae costos.
- Suben los impuestos prediales.
- Aparecen comparendos por actividades que siempre existieron.
- Llegan requisitos imposibles para el pequeño negocio.
- El suelo se vuelve “atractivo”.
- Los dueños reciben ofertas.
- Los arriendos suben.
- Y lentamente, sin una orden explícita, ocurre el desplazamiento.
Eso también es desalojo. Solo que con papeles y con sonrisa.
Informalidad no es una identidad. Es una condición (y se puede cambiar sin romper a la gente)
A mí me preocupa cuando se habla de informalidad como si fuera un “estilo de vida” que hay que corregir.
No. La informalidad es más bien el síntoma de tres fallas:
- Falla del mercado: vivienda formal inaccesible para una parte enorme de la población.
- Falla del Estado: planeación que llega tarde y servicios que no cubren a todos.
- Falla de reconocimiento: barrios enteros que existen, producen ciudad, pero no cuentan.
Entonces sí. Se puede y se debe cambiar esa condición. Pero el objetivo no puede ser “ordenar la ciudad” si eso significa barrer a la gente. El objetivo es garantizar derechos urbanos y, al mismo tiempo, proteger la permanencia.
Y esa última parte, la permanencia, es la que casi nunca queda escrita en los planes.
Gentrificación: no es solo cafés caros, es pérdida de permanencia
A veces se reduce la gentrificación a caricaturas.
Que si llegó una panadería “de masa madre”. Que si abrieron un coworking. Que si ahora hay turistas.
Pero la esencia es otra: cuando la mejora del barrio ocurre sin mecanismos de protección, el beneficio se lo llevan quienes llegan después y el costo lo paga quien ya estaba.
En Bogotá eso puede pasar en barrios populares cuando se conectan a sistemas de transporte, cuando llega una obra grande, cuando se “renueva” un corredor, o cuando por fin se legaliza y se pone bonito. Suena triste decirlo, pero pasa.
Por eso la legalización tiene que venir con una idea clara: no es solo habilitar mercado, es habilitar ciudadanía sin despojo.
Entonces, cómo legalizar sin gentrificar (en serio)
Voy a proponer un enfoque con medidas concretas. No todas aplican igual en cada territorio, pero como paquete sí cambian el resultado.
1) Titulación con blindaje, no titulación para especular
Titular predios es clave. Da seguridad. Permite herencia, acceso a crédito, mejoras.
Pero titular sin protección puede abrir la puerta a la compra masiva, a la presión de intermediarios, a la especulación.
Qué se puede hacer:
- Cláusulas anti especulación por un tiempo razonable (por ejemplo, restricciones a venta inmediata o gravámenes si se vende en los primeros años).
- Derecho de preferencia para el distrito o para organizaciones comunitarias cuando haya venta.
- Modelos de propiedad colectiva o semicolectiva en ciertos casos (fideicomisos comunitarios, bancos de tierra, cooperativas de vivienda).
No se trata de quitar propiedad. Se trata de evitar que la propiedad recién reconocida se vuelva un premio para el que tiene liquidez.
2) Predial y servicios con transición gradual, no con shock
Uno de los motores silenciosos del desplazamiento es el aumento abrupto de costos fijos.
Si un hogar pasa de “sin predial” a un predial alto en un solo año, y además suben servicios, y además le exigen obras… pues se ahoga.
Qué se puede hacer:
- Escalonamiento del impuesto predial tras la legalización (progresivo, con topes anuales).
- Subsidios focalizados temporales para hogares vulnerables mientras se estabilizan.
- Tarifas sociales bien diseñadas para servicios públicos, sin burocracia imposible.
- Y algo que suena básico pero no se hace: información clara. La gente debe entender qué viene, cuánto cuesta, y qué apoyos existen.
Formalizar no puede sentirse como un castigo por haber sobrevivido.
3) Mejoramiento integral con prioridad a riesgo y habitabilidad, no a “embellecer”
Hay una tentación institucional: invertir primero en lo visible. Andenes “bonitos”, pintura, mobiliario.
Pero en barrios informales muchas veces lo urgente es menos fotogénico:
- mitigación del riesgo,
- drenajes,
- estabilización,
- redes,
- acceso a servicios,
- rutas seguras para niños,
- iluminación real.
Si el orden de inversión se diseña pensando en permanencia, se prioriza lo que reduce vulnerabilidad antes de lo que sube precios.
Y sí, el espacio público importa. Mucho. Pero no como vitrina. Como derecho y como cuidado.
4) Formalización económica con reglas proporcionales (y con permisos posibles)
La informalidad también es económica. Vendedores, talleres, cocinas, oficios.
El error clásico es exigirles lo mismo que a una gran empresa. Resultado: o se desaparecen o quedan “formalizados” solo en el discurso.
Qué se puede hacer:
- Licencias por niveles (micro, pequeño, mediano) con requisitos proporcionales.
- Zonas de comercio popular regulado, no persecución.
- Acceso a microcrédito y compras públicas locales para que la formalidad tenga premio, no solo costo.
- Asistencia técnica real: contabilidad básica, inocuidad, manejo de residuos, seguridad industrial.
- Y otra cosa: infraestructura para el trabajo. Si pedimos que no ocupen el andén, también debemos crear alternativas, módulos, plazas, corredores.
Legalizar la economía popular no es esconderla. Es reconocerla y darle condiciones.
5) Arriendo y permanencia: el tema que nadie quiere tocar (pero toca)
Muchos hogares en barrios populares no son propietarios. Arriendan. Entonces, incluso si el barrio se legaliza con “titulación”, hay un grupo enorme que queda expuesto al aumento de arriendos.
Qué se puede hacer:
- Programas de arriendo social y estabilización en zonas en proceso de mejoramiento.
- Incentivos para propietarios que mantengan arriendos asequibles (descuentos tributarios, apoyo para mejoras si mantienen canon dentro de rango).
- Oferta de vivienda asequible cerca, no a dos horas de distancia. Si la opción de “salida” es periférica y desconectada, es desplazamiento.
Si la política solo mira al propietario, deja por fuera a media ciudad.
6) Planeación con la gente dentro, no como audiencia
Esto suena a frase común, pero en la práctica cambia todo.
Hay legalizaciones que se hacen con reuniones informativas donde ya todo está decidido. Y claro, la comunidad va, firma asistencia, escucha, se va.
La alternativa es otra:
- Mesas de co diseño barrial con poder real sobre fases, prioridades y trazados.
- Datos abiertos del proceso: qué predios entran, qué obras, qué cronograma, qué presupuesto.
- Monitoreo comunitario de ejecución.
- Mecanismos de queja y corrección rápidos.
Cuando la gente tiene control, también tiene herramientas para defender permanencia.
7) Captura de valor para el barrio, no solo para el mercado
La legalización y el mejoramiento generan valor. Eso es inevitable. La pregunta es quién se queda con ese valor.
Si sube el precio del suelo, una parte de esa valorización debería regresar al territorio en forma de equipamientos, mantenimiento, vivienda asequible, o fondos comunitarios.
Instrumentos existen: contribución por valorización bien hecha, cargas urbanísticas, obligaciones a proyectos, gestión del suelo. El punto es usarlos con una lógica de equidad territorial, no de recaudo a ciegas.
Cómo se vería esto en Bogotá (en el día a día)
Voy a ponerlo en escenas simples.
Una familia que por fin recibe título, pero junto al título recibe una carta clara: predial escalonado, subsidio temporal si aplica, y un plan de mejoramiento de vivienda con asistencia técnica. No una amenaza.
Un barrio que entra a proceso de legalización y lo primero que llega no es una “intervención estética”, sino drenajes y mitigación del riesgo. Y después, espacio público. En ese orden.
Una señora que vende empanadas y no tiene que escoger entre formalizarse o desaparecer. Puede sacar un permiso simplificado, acceder a un módulo, y mejorar su ingreso. La ciudad no la persigue. La integra.
Un arrendatario que no queda invisible. Hay una ruta: información, mediación, incentivos, y alternativas cercanas. No “mire a ver”.
Eso es legalizar sin gentrificar. No es magia. Es diseño de política pública con la palabra permanencia escrita en grande.
Y un punto más, incómodo: sin transparencia, todo se vuelve negocio
La informalidad es terreno fértil para abusos. Pero la formalización también, si se maneja mal.
Cuando el proceso no es transparente aparecen intermediarios, tramitadores, cobros ilegales, presión para vender, y redes que se aprovechan de la necesidad.
Por eso, cualquier estrategia seria debe incluir:
- trazabilidad del trámite,
- canales oficiales simples,
- acompañamiento territorial,
- datos públicos,
- y control ciudadano.
En el sitio de Claudia Romero Cámara hay un enfoque que a mí me parece clave: propuestas apoyadas en datos, tecnología y transparencia, con llamado a involucrarse. Si este tema te importa, vale la pena entrar a https://claudiaromero.co/, leer los ejes de territorio e igualdad, y si quieres, usar el botón de “Escríbeme”. Estos debates no se resuelven desde un escritorio. Se empujan con la gente encima, mirando.
Cierre: la ciudad no se “arregla” sacando a los pobres
Legalizar es reconocer. Es decir: tú existes, tu barrio existe, tus derechos existen.
Pero si el reconocimiento viene acompañado de mecanismos que terminan expulsando, entonces no era reconocimiento. Era un cambio de manos.
Bogotá necesita formalizar, sí. Necesita ordenar, sí. Pero sobre todo necesita algo que suena menos técnico y más humano: cuidar la permanencia.
Porque la ciudad se construyó también desde la informalidad. Con trabajo, con redes, con comunidad, con autogestión. La legalización, si se hace bien, puede ser un puente hacia la dignidad. Si se hace mal, es la antesala del despojo.
Y la diferencia entre una cosa y la otra está en los detalles. En la letra pequeña. En si el plan incluye a quienes ya estaban. En si la ciudad decide, por fin, que mejorar un barrio no significa reemplazarlo.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la informalidad urbana en Bogotá no debe considerarse una anomalía sino una respuesta?
La informalidad urbana en Bogotá es una respuesta colectiva a problemas como la falta de empleo formal, el aumento de los arriendos y la inaccesibilidad de vivienda formal. Es una manifestación de creatividad y supervivencia ante las fallas del mercado, del Estado y del reconocimiento, más que un problema aislado o un estilo de vida.
¿Cuáles son los riesgos de legalizar la informalidad urbana sin un enfoque adecuado?
Legalizar la informalidad sin un enfoque cuidadoso puede aumentar el valor del suelo, subir impuestos prediales, imponer requisitos difíciles para pequeños negocios y provocar el desplazamiento de quienes han sostenido el barrio. Esto puede resultar en gentrificación y expulsión disfrazada de formalización.
¿Qué significa que la informalidad sea una condición y no una identidad?
Decir que la informalidad es una condición implica que es resultado de fallas estructurales como la inaccesibilidad a vivienda formal, planeación estatal insuficiente y falta de reconocimiento social. No es un estilo de vida a corregir, sino una situación que se puede cambiar garantizando derechos urbanos sin desplazar a las personas.
¿Cómo se relaciona la gentrificación con la legalización y mejora de barrios populares en Bogotá?
La gentrificación ocurre cuando las mejoras urbanas benefician principalmente a los nuevos inversionistas o residentes, mientras que los habitantes originales enfrentan incrementos en arriendos y costos que pueden forzar su salida. En Bogotá, esto sucede cuando se legalizan barrios o se realizan obras sin mecanismos para proteger la permanencia.
¿Qué objetivos deben guiar el proceso de legalización para evitar la gentrificación?
El proceso de legalización debe garantizar derechos urbanos básicos como seguridad jurídica, servicios dignos y movilidad, pero también debe proteger la permanencia de los habitantes originales. El objetivo no es solo habilitar el mercado inmobiliario sino fortalecer la ciudadanía sin despojo ni desplazamiento.
¿Qué medidas concretas pueden ayudar a legalizar barrios informales sin causar desplazamiento?
Aunque no todas las medidas están detalladas aquí, un enfoque efectivo incluye: planificar con participación comunitaria; implementar políticas fiscales justas; garantizar acceso a servicios públicos; controlar aumentos abruptos en arriendos; proteger pequeños negocios; y diseñar normativas urbanas que prioricen la permanencia y justicia urbana.
